Con la entrada en vigor la Directiva de la Unión Europea (UE) que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, las empresas ubicadas en alguno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y que cuenten con más de 50 empleados deben cumplir con la obligación de establecer un canal de denuncias interno.

Para actúar en sintonía con la Ley 02/2023, así como con las obligaciones, recomendaciones y directrices anticorrupción emitidas por organismos internacionales como la OCDE, ONU, Transparencia Internacional, NORMAS ISO 37301 y 37002, Directiva Europea (UE) 2019/1937